By Por: Héctor Soto
En Honduras, la visión tradicional de atraer inversión ha girado durante años en torno a una fórmula ortodoxa: cobrar menos impuestos y promover más exoneraciones para los inversionistas. La idea era simple, si se reduce la carga tributaria, se atrae más capital, pero la evidencia demuestra que el paradigma actual para atraer inversión esta desfasado porque no ha logrado generar crecimiento incluyente ni desarrollo sostenible.
Hoy, el Estado hondureño otorga más de 200 millones de lempiras diarios en exoneraciones, mientras que el 70% de la carga del pago de impuestos recae sobre los más pobres. Esta estructura tributaria no solo es injusta, también es ineficiente y regresiva, y a pesar de la excesiva generosidad tributaria, en la práctica la inversión extranjera ha servido más para enriquecer a quienes ya tenían capital que para reducir las brechas de pobreza y desigualdad.
Así que la pregunta central es: ¿Cómo cambiar el paradigma de la inversión desde una perspectiva de democratización económica?, y la respuesta está en que debemos dejar de ver la inversión como un simple resultado de incentivos fiscales y empezar a construir un entorno macroeconómico, estructural y logístico que promueva la llegada de inversiones, donde las oportunidades y la equidad sean condiciones de esencialidad para su presencia en el país.
El reto no es simplemente atraer inversión, sino hacerlo de forma estratégica, a partir de una lógica distinta que se fundamenta en la democratización económica. Esto implica comprender que la inversión no debe medirse únicamente por el monto de dólares que ingresa al país, sino por su capacidad real de transformar estructuras económicas, reactivar cadenas productivas y circuitos económicos, generar bienestar colectivo, crear empleos de calidad y reducir brechas sociales y territoriales, porque una economía democratizada no excluye la inversión extranjera, pero sí la subordina al interés nacional de sus políticas económicas.
Incentivar la inversión significa también, eliminar el autoritarismo económico a través de la inclusión financiera, el fortalecimiento del tejido económico local, y la articulación de inversionistas internacionales y locales para el traslado de capacidades y tecnologías.
Este enfoque exige un Estado distinto: no pasivo, no subsidiador de élites, sino generador de valor público, un Estado que no compita ofreciendo privilegios fiscales, sino que construya condiciones macroeconómicas, estratégicas, estructurales y logísticas para que invertir aquí sea rentable. Esto incluye una estabilidad macroeconómica sostenible, una infraestructura logística eficiente -como el ferrocarril interoceánico que conectará el Pacífico con el Atlántico-, una matriz energética moderna, accesible y limpia, una fuerza laboral tecnificada y capacitada, y una banca que democratice el crédito y apalanque al pequeño y gran empresario.
En conclusión, para atraer la inversión, Honduras no necesita competir por ser el país con los impuestos más bajos, sino por ser un país con un entorno macroeconómico, estructural y logístico más eficiente e incluyente para que las empresas mejoren su productividad y competitividad.
La inversión no debe buscarse desesperadamente, debe proyectarse estratégicamente, porque al final, el país que más inversión atrae no es es el que más exoneraciones concede, sino el que mejor transforma su entorno económico en un clima favorable, competitivo, sostenible y justo para las inversiones.
