By TEGUCIGALPA, HONDURAS
El consejero electoral de Honduras, Marlon Ochoa, denunció este viernes 31 de octubre una «conspiración» dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) dirigida a «violentar la soberanía popular» y «deformar el proceso de elecciones» que se celebrarán el próximo 30 de noviembre.
Ochoa afirmó que existe una asociación para inscribir ilegalmente a dos candidatos, Jorge Cálix (por el departamento de Olancho) y Cristian Villalobos (Valle), a pesar de que la ley les prohíbe participar por no residir o ya haber sido derrotados en elecciones primarias, calificando esto como un acto del «bipartidismo al estilo Matamoros Batson«.
El consejero detalló que la base de esta ilegalidad es una sentencia «viciada e ilegal» del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), adoptada sin el quorum necesario y en una sesión irregular donde un Magistrado recusado votó a su favor. Este «atropello jurídico-electoral sin precedentes» incluye la falta de firma de la secretaria, siendo sustituida por una «receptora sin escrúpulos ni facultades».
Adicionalmente, Ochoa anunció que presentará una denuncia y recusación contra la consejera opositora Cossette López-Osorio, señalándola por dirigir una conspiración comprobada en audios revelados por el Ministerio Público, cuyo objetivo final es «anunciar en primer lugar a Salvador Nasralla» en la transmisión de los resultados, «sin importar la voluntad soberana del pueblo«.
La denuncia del Consejero Ochoa se produce en medio de una grave crisis electoral que llevó a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, a condenar el pasado 29 de octubre una «conspiración criminal destinada a provocar un Golpe Electoral».
La mandataria vinculó a los responsables con los actores de los fraudes electorales anteriores (2013 y 2017) y el golpe de 2009. La denuncia presidencial se fundamenta en una investigación anunciada por el Fiscal General, Johel Zelaya, que confirmó la existencia de una «asociación ilícita entre una consejera propietaria del CNE, un diputado y un militar activo» para manipular el resultado.
En respuesta a esta amenaza, el pasado 30 de octubre la presidenta Castro ordenó a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) ponerse a disposición del CNE para custodiar el proceso y neutralizar el plan de alteración de resultados, garantizando la seguridad del material electoral y la transparencia en la transmisión de actas.
La mandataria enfatizó que «ningún acto dirigido a sabotear la transparencia electoral, violar la soberanía del Pueblo o alterar la paz democrática será tolerado«, mientras que las FF.AA. anunciaron el inicio de una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
Las elecciones generales de Honduras, en las que se disputan diversos cargos, convocan a un padrón electoral de más de 6.5 millones de personas.
