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TEGUCIGALPA, HONDURAS
Polémico, controvertido, a veces bocón y locuaz. Así es el nuevo procurador general Dagoberto Aspra, quien pasó de ser el todopoderoso jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a ser defensor de sujetos sindicados en irregularidades dentro de la función pública.
Además, es el verdugo personal de la consejera vocal del CNE, Cossette López, quien interpuso una querella contra los periodistas de UNE TV César Silva, Rony Martínez y Gabriel Bonilla, cuyo pecado ha sido denunciar la trama de la funcionaria en el escandaloso fraude electoral revelado por el consejero secretario Marlon Ochoa.
Una de las tantas cualidades de Aspra es su capacidad de mantener cruentos debates con aquellos que no simpatizan con su labor como litigante. Por ejemplo, llamó en cierta ocasión a un colega suyo metido a analista en uno de los canales de la capital como «analista virgo», en referencia a la corta capacidad de valorar de manera apegada a la verdad los hechos políticos de relevancia.
Asimismo, emprendió ataques viscerales contra quienes no soportan su estilo extravagante de decir las cosas. Abundan en las redes sociales, en particular, en X, donde hay registros de ataques personalizados contra altos funcionarios, en particular, el fiscal general Johel Zelaya. «¿Cuándo litigó? Nunca lo vi», dijo en respuesta a un post del exasesor presidencial Marvin Ponce, un férreo crítico del gobierno anterior.
DEFENSOR DE SINDICADOS EN CORRUPCIÓN
El virtual procurador general, quien será el abogado del Estado hondureño, tiene en su haber la defensa de personas encausadas por la justicia por actos de corrupción que han afectado los intereses de la población.
De hecho, Aspra es reconocido en Honduras por representar a figuras políticas de alto perfil, principalmente ligadas al Partido Nacional. Entre los personajes y casos más destacados que ha defendido se encuentra el exalcalde de la capital y actual presidente Nasry Asfura.
En su momento, el penalista dirigió su equipo legal en procesos relacionados con presuntos delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y fraude.
Asimismo, en la actualidad, funge como el acusador privado de la consejera lópez, en particular, en las querellas contra los periodistas de este canal. Un tribunal de sentencias desestimó una de las acusaciones contra el periodista Gabriel Bonilla porque carece de sustento.
No obstante, la querella contra el director del medio Rony Martínez y César Silva siguen activas. Ante su inminente nombramiento, Aspra se verá obligado a desistir de las causas porque asumirá el control de la PGR.
También fue el apoderado legal del exdiputado nacionalista Nelson Márquez, sindicado por la misma PGR, por lo que fue enviado a prisión.
De hecho, el exdirector de investigación del CNA pidió a un juez el cambio de medidas a favor de su cliente a cambio de una fianza de 300 millones de lempiras.
“Algunos hemos presentado un arraigo suficiente sustentado en fianza hipotecaria, el argumento del juez es que debe presentar una fianza hipotecaria de 300 millones de lempiras cada parte porque tiene que ser proporcional al daño hipotético que ha causado con su acción”, declaró a periodistas.
Para colocar la cereza en el pastel, Aspra Iglesias también fue el defensor de varios encausados en la trama Pandora -cuyo proceso ocurrió en 2018-, quienes fueron sindicados en el desvío de más de 280 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas.
«Creemos que tenemos la capacidad sufiente para desvanecer la imputación que el Ministerio Público ha hecho en contra de ellos, al imputarles en el requerimiento fiscal el delito de lavado de activos», explicó en aquel momento.
