By El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) enfrentó una nueva polémica tras conocerse que dos de sus magistrados —Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona— sesionaron y aprobaron una resolución sin la presencia del tercer integrante, Mario Morazán, lo que constituye una violación a la Ley Orgánica y Procesal Electoral que exige quórum de tres magistrados para decisiones de Pleno.
Según el informe oficial emitido por el Secretario General del TJE, Marvin Matamoros Raudales, la sesión del 9 de octubre de 2025 se desarrolló únicamente con dos magistrados, sin convocar al suplente. En esa reunión, el TJE ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender la impresión de las papeletas para diputados en Olancho y Valle, una medida que, según los propios documentos, se adoptó sin haber recibido aún el expediente administrativo del caso desde el CNE.
El fallo benefició de manera directa al diputado Jorge Cálix, quien busca ser incluido en la papeleta de diputados por Olancho, pese a los cuestionamientos internos y legales sobre su postulación.
Diversos sectores calificaron la decisión como un intento del Partido Nacional y el Partido Liberal de abrirle espacio político al legislador, utilizando procedimientos fuera del marco legal.
El magistrado Mario Morazán denunció públicamente la ilegalidad de la sesión, señalando que sus colegas Flores Urrutia y Barahona actuaron al margen de la ley al emitir resoluciones sin quórum y sin conocer el expediente. Morazán advirtió que este acto podría constituir un delito de falsedad ideológica, al haberse firmado un documento bajo condiciones irregulares y contrarias a la normativa vigente.
En el comunicado oficial emitido por el TJE, el “pleno de dos” justificó su decisión como una medida cautelar dirigida al CNE para detener la impresión de papeletas, sin embargo, la ausencia de uno de los magistrados y la falta de documentación completa ponen en entredicho la legalidad del proceso.
El caso genera preocupación entre analistas y observadores electorales, ya que el Tribunal de Justicia Electoral es el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral y sus decisiones deben regirse por los principios de legalidad, independencia y transparencia, los mismos que ahora se cuestionan tras esta actuación.
