Jeanpier Anaya:
9 de diciembre de 2025
La «Guerra Contra las Drogas» se ha posicionado como un pilar central del actual gobierno de Donald Trump. Sin embargo, un análisis de sus acciones revela una historia profundamente contradictoria. Mientras despliega una flota naval sin precedentes en el Caribe y lleva a cabo operaciones de hundimiento de embarcaciones sin el debido proceso judicial, al mismo tiempo aplica drásticos recortes presupuestarios a programas esenciales de salud pública y otorga indultos a figuras del narcotráfico cercanas a su círculo político.
Hasta ahora, ninguna de estas medidas parece ofrecer una respuesta efectiva a la creciente epidemia de adicción en Estados Unidos. En cambio, sí presentan evidencia de que la retórica antidrogas se está utilizando como una herramienta de control político y distracción, ganándose el favor de los narcotraficantes y promoviendo el consumo dentro de sus fronteras.
Indultos y favores a narcotraficantes: La contradicción en la cima
Desde el inicio de su gestión en enero de 2025, Donald Trump ha hecho un uso discrecional del indulto presidencial para beneficiar a sus aliados políticos, lo que ha incluido la liberación de estafadores, espías e incluso a narcotraficantes de alto perfil.
La trayectoria criminal de los individuos beneficiados tiene un elemento común: el tráfico de cocaína y actividades asociadas. La reciente retórica de Trump contra el «narcoterrorismo» y las drogas que «envenenan a los estadounidenses» sugeriría que estos casos deberían estar fuera de cualquier conmiseración presidencial. No obstante, cuatro figuras clave en la historia del narcotráfico domestico e internacional comparten un segundo elemento en común: todos recibieron un indulto presidencial en 2025.
Entre ellos se encuentra Garnett Gilbert Smith, condenado en 2014 a 25 años de prisión por ser un cabecilla de la droga en Baltimore, responsable de distribuir más de una tonelada de cocaína en la ciudad. También fue indultado Ross Ulbricht, el militante anarcocapitalista que fundó Silk Road en 2011, un mercado digital en la dark web que operaba con Bitcoin y facilitaba el comercio de drogas, armas y hasta servicios de sicariato. Ulbricht fue condenado a doble cadena perpetua más 40 años por conspiración de drogas y lavado de dinero.
El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (JOH), quien fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y condenado en 2024 a 45 años de prisión por su papel en una vasta red de narcotráfico que inundó EE. UU. con toneladas de cocaína. Finalmente, el indulto también alcanzó a Larry Hoover, cofundador de la notoria pandilla Gangster Disciples de Chicago. A pesar de haber recibido seis cadenas perpetuas adicionales por seguir dirigiendo desde la cárcel una empresa criminal de drogas y extorsión, Hoover fue liberado de sus cargos federales y aun cumple una condena estatal.
Aunque los indultos no eliminan la culpa, su vuelta a las calles transmite un poderoso mensaje: mientras estés de a cuerdo con Trump, vender drogas no es un problema
Abandono de la Prevención: El Problema se Mueve Hacia Adentro
Mientras se perdona a los grandes capos, el problema interno se agrava. El consumo de drogas en Estados Unidos se mantiene en niveles alarmantes. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reporta unas 45,000 muertes anuales por sobredosis, y la percepción de riesgo ha disminuido dramáticamente: apenas un 16% de la población adulta considera el consumo de cocaína como peligroso. La crisis se ha intensificado con el aumento del uso de drogas sintéticas como el fentanilo, a menudo mezclado con cocaína o metanfetamina, desatando la cuarta crisis de opioides en la nación.
Uno de los sellos distintivos de la política “antidrogas” de Trump es el abandono de los programas de prevención y tratamiento para personas con adicción. La Drug Policy Alliance ha denunciado un recorte significativo en el presupuesto federal destinado a este fin, lo que implica el cierre inminente de centros de atención. El actual Secretario de Salud, Robert F. Kennedy, reconocido por sus posturas antivacunas y su pasado como adicto, ha defendido una visión conductista de la farmacodependencia. Kennedy sostiene que la adicción puede ser tratada y curada fundamentalmente a través de programas de 12 pasos, como Alcohólicos Anónimos, minimizando o descartando la necesidad de tratamientos farmacológicos y la evidencia científica más reciente. Como Consecuencia, miles de personas quedarán sin acceso a tratamientos farmacológicos esenciales, servicios de intervención en crisis y programas educativos enfocados en la prevención.
La Externalización del Problema
La estrategia de Trump trasciende la acción militar; ha convertido la retórica antidrogas en una herramienta multifacética de coerción económica y política. Además de bombardear embarcaciones sin juicio previo, amenazar a la aviación civil con consecuencias letales por el uso del espacio aéreo y hostigar a naciones como Colombia y Venezuela, la administración utiliza el narcotráfico como pretexto para imponer su agresiva agenda comercial.
Un ejemplo claro ocurrió en febrero de 2025, cuando Trump amenazó a Canadá con aumentar los aranceles si no frenaba el flujo de fentanilo. Esta maniobra ignoró deliberadamente los reportes de la propia DEA, que señalan que la entrada de esta droga por la frontera norte es estadísticamente insignificante en comparación con otros puntos de acceso. La amenaza no buscaba salud pública, sino sumisión económica.
Sin embargo, la «guerra contra las drogas» se revela como una excusa inverosímil al observar el mapa militar. Mientras Estados Unidos despliega en el Caribe la maquinaria de guerra más poderosa de la historia —incluyendo portaaviones nucleares— para asediar a Venezuela (una ruta por donde transita una fracción menor de los estupefacientes), mantiene un silencio absoluto sobre el Pacífico. No existe un despliegue similar frente a las costas de Ecuador, país desde donde, según la DEA, sale el 74% de la cocaína que ingresa a territorio estadounidense. La diferencia es política: Ecuador está gobernado por un régimen de ultraderecha alineado incondicionalmente con Washington, lo que parece garantizarle inmunidad.
La evidencia más escandalosa de esta doble moral se encuentra en las recientes elecciones hondureñas. Lejos de combatir el crimen, Estados Unidos parece maniobrar para imponer a un partido político con demostrados vínculos con el narcotráfico. El objetivo no es detener la droga, sino disuadir cualquier intento de política exterior independiente, prefiriendo aliados comprometidos con el crimen organizado antes que gobiernos soberanos.
La contradicción es total: se indulta a capos en casa, se desmantela la prevención interna y se bombardea selectivamente en el exterior. Esto sugiere una instrumentalización cínica de la epidemia. La «Guerra Contra las Drogas» ha dejado de ser una política sanitaria para convertirse en la justificación suprema del despliegue militar y un mecanismo de chantaje para lograr el control político y la hegemonía regional.


