By Nasry Juan “Tito” Asfura Zablah, político hondureño del Partido Nacional, ha sido objeto de múltiples acusaciones durante su carrera, especialmente en relación con presuntos actos de corrupción y conflictos de interés. Nacido el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa, Asfura estudió su secundaria en el Instituto Católico San Francisco y posteriormente inició estudios de ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), sin concluirlos. Antes de entrar de lleno en la política, consolidó su trayectoria como empresario en el sector de la construcción, lo que le permitió ganar influencia en la administración pública local.
Su carrera política se remonta a la década de 1990, cuando se desempeñó como asistente fiscal municipal y gerente de servicios públicos, hasta convertirse en diputado del Congreso Nacional por Francisco Morazán. Posteriormente, dirigió el Fondo Hondureño de Inversión Social y fue alcalde del Distrito Central entre 2014 y 2022. Durante su gestión como alcalde, consolidó una imagen cercana a la ciudadanía, pero también surgieron cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos municipales.
Asfura ha sido acusado formalmente por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), de lavado de activos, malversación de fondos públicos, fraude y uso de documentos falsos. Las investigaciones señalan que entre 2017 y 2018 se desviaron aproximadamente 28,5 millones de lempiras mediante cheques emitidos por la alcaldía y depositados en cuentas vinculadas a él y a otros funcionarios. Parte de esos recursos, según las autoridades, habrían sido utilizados para financiar campañas políticas, compras personales y pagos de tarjetas de crédito de familiares, lo que generó un proceso judicial en su contra con medidas sustitutivas a la prisión y una fianza de 15 millones de lempiras.
Además, Asfura ha sido señalado por su relación con empresas de recolección de basura, en particular Sulambiente, que durante su gestión como alcalde del Distrito Central obtuvo contratos multimillonarios con el municipio. Se le vincula como accionista a través de empresas relacionadas, como AGAC de Centroamérica y ha sido criticado por posibles conflictos de interés en la adjudicación de esos contratos.
Según informes de la administración actual, el contrato de recolección de basura renovado hasta 2027 ha costado más de 1,900 millones de lempiras desde 2017 y parte de los señalamientos indican que este fideicomiso habría beneficiado directamente a Asfura, con u cobro de un 20 por ciento de la recaudación municipal que generó pagos cuestionables por servicios que la ciudadanía considera excesivos.
Su nombre también apareció en los Papeles de Panamá, una filtración de documentos que reveló sociedades y cuentas en el extranjero utilizadas por políticos, empresarios y figuras públicas para ocultar patrimonio o manejar recursos fuera de su país, lo que generó cuestionamientos sobre su patrimonio y las sociedades en el exterior vinculadas a su persona. Estas acusaciones, sumadas a los procesos judiciales en curso por presunta malversación de fondos y lavado de activos, han colocado a Nasry Asfura en el centro del debate público mientras mantiene su aspiración presidencial.
