By (Por: Rodolfo Pastor Fasquelle) Contar los votos uno por uno no es un capricho ni una provocación política. Es el recurso más simple y más sólido cuando una elección es cerrada, mal administrada o cuestionada. No introduce sospechas nuevas: intenta despejar las que ya existen. En democracia, cuando hay duda razonable, la transparencia no es una concesión; es una obligación.
Pocas cosas sabemos de cierto. Primero: no importa cómo se lo mire, el resultado es un descalabro total del partido gobernante y, al mismo tiempo, una contienda extremadamente reñida entre los retadores. Segundo: el proceso de escrutinio fue muy mal manejado desde el inicio, con graves conflictos entre los responsables y alineamientos extraños, especialmente sospechosos a la luz de los antecedentes y de las revelaciones sobre sus maquinaciones. Tercero: la mayoría de los hondureños -y me incluyo- pensamos que hubo malos manejos de las urnas, una vez más.
La propia autoridad electoral ha confesado la falla de la biometría y del mecanismo de transmisión electrónica que había prometido que funcionaría perfectamente. De ahí la desconfianza razonable en que se haya dejado de contar un volumen significativo de votos, asumiendo como exacto un resultado transmitido mecánicamente, pese a que existen pruebas de sus fallas. ¿Quién duda, en serio, de la existencia del problema? El conflicto está ahí. Contar los votos no lo crea; es el único procedimiento capaz de despejar las sospechas previas.
El conteo voto por voto es desgastante, sí. Es costoso. Pero la democracia es costosa; más costosa aún es la tiranía, aunque su fundamento sea barato. Si no, dejemos que decida quién nos gobierna un aquelarre de cinco brujos presidido por… y santo remedio.
Ese conteo puede arrojar resultados distintos de los anunciados, o confirmarlos, pero en ambos casos arrojará luz sobre el fraude sospechado, incluso si no altera los saldos determinantes.
Se objeta que supone un retraso inconveniente en la transición del poder. Cuestión de días, quizá. Pero esa queja -más bien mezquina- también debe contarse como un costo de la democracia.
Mejor un mes de retraso con un resultado verificado y reconocido, que cuatro años de reclamos por falta de legitimidad. El daño del retraso puede corregirse mediante un acuerdo para enmendar la ley que establece los plazos.
También es cierto que el procedimiento terminará, casi inevitablemente, en un cuestionamiento del manejo del escrutinio por parte de la autoridad electoral.
Pero más desprestigiada no podría estar. Está deslegitimada. Precisar el alcance de su fracaso es necesario para proponer la reforma
que la enmiende.
En cambio, adoptar el procedimiento con criterios claros y consensuados, ejecutado por equipos ciudadanos -y no por los partidos, salvo como observadores- podría iniciar una nueva era de ciudadanización que los partidos han resistido.
La revisión de los resultados reduce drásticamente la sospecha de fraude o error, quita fundamento a los reclamos y fortalece la aceptación social del resultado.
En una elección tan cerrada, refuerza la legitimidad democrática del ganador, aunque sea por poco. Ese conteo cuidadoso detecta errores humanos inevitables: actas mal llenadas, conteos apresurados, inconsistencias reales.
También revela defectos técnicos, más oscuros y sospechosos. Inspira confianza. Sobre todo, protege el derecho individual al sufragio. Subraya que cada voto cuenta de manera efectiva, no solo como agregado estadístico. Eso no es accesorio: es sagrado, consustancial a la ética democrática.
Aumenta la transparencia y la confianza pública. Observado por partidos, ciudadanía y medios, el proceso puede convertirse en un ejercicio pedagógico y de rendición de cuentas.
Un resultado confiable puede estudiarse con mayor provecho que uno erróneo o alterado, porque revela mejor el mensaje colectivo cifrado en el conjunto -y en el detalle- de los votos.
La población se pregunta por qué no quieren contarlos. Y en el fondo intuye que solo hay una respuesta: no les alcanzan los votos buenos para sostener lo anunciado.
