By TEGUCIGALPA, HONDURAS
El Congreso Nacional de Honduras aprobó este viernes una iniciativa del presidente del Parlamento, Luis Redondo, para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realice un nuevo escrutinio del 100 por ciento de las actas de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, pese a que el ente ya declaró electo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura.
La resolución se convertirá en ley una vez sea publicada en el diario oficial La Gaceta, adelantó Redondo, quien calificó de histórica la sesión.
“Nosotros no estamos anulando las elecciones, simplemente estamos pidiendo que se abran las 19 mil 167 juntas receptoras de votos para conocer la voluntad popular, a qué le tienen miedo”, preguntó el presidente del Congreso, en alusión al bipartidismo, encarnado por nacionalistas y liberales.
La propuesta fue avalada en una sesión del pleno legislativo. Redondo, argumentó que se busca garantizar la transparencia electoral y “no permitir el robo de las elecciones por medio de un monumental fraude electoral en que se violentó el derecho del libre sufragio, injerencia extranjera y corrupción del TREP”. Aclaró que “el pleno de hoy no está pidiendo la anulación de las elecciones”, sino que se cuenten todas las actas electorales.
El CNE emitió su informe final el 31 de diciembre, aunque 2.792 actas con inconsistencias fueron remitidas al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que tiene hasta el 20 de enero para emitir su veredicto.
La iniciativa de Redondo también solicitó que una comisión especial se presente ante el Ministerio Público “para exigir que se deduzca la responsabilidad penal del CNE por no haber realizado el escrutinio general en el total de las actas”.
Sin embargo, líderes de la oposición y juristas consideran desconocen al Congreso por considerar el proceso electoral y concluyó formalmente. El cronograma electoral prevé la instalación de la nueva junta directiva del Parlamento el 25 de enero y la toma de posesión del próximo presidente para el próximo día 27 de enero.
Luis Redondo argumento la iniciativa como una herramienta para «hacer uso de todos los instrumentos jurídicos que establece la ley y la Constitución de la República, así como los tratados internacionales para ejercer acciones internacionales ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para defender la democracia y soberanía».
