TEGUCIGALPA, HONDURAS
Entre 2014 y 2022, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, se suscribieron múltiples fideicomisos con la banca privada hondureña, aunque no hay un registro oficial exhaustivo que detalle exactamente cuántos fueron creados específicamente en ese período. Sin embargo, basado en reportes oficiales y acciones posteriores, se identifican al menos 19 fideicomisos clave administrados por bancos privados que fueron activos en ese lapso y que fueron derogados en mayo de 2022 por el Congreso Nacional a solicitud del gobierno de Xiomara Castro.
Estos incluyen fondos como el de Seguridad Vial, Reducción de la Pobreza, Protección y Seguridad Poblacional, ALBA, entre otros, que sumaban alrededor de L10,800 millones en recursos manejados por la banca privada.Algunos de estos fideicomisos se originaron antes de 2014 pero fueron reformados o mantenidos durante el período mencionado, lo que los hace relevantes.
Entre 2014 y 2022, el gobierno de Honduras utilizó intensamente los fideicomisos para gestionar fondos públicos, destacando casos de alto impacto y cuestionado manejo como Vida Mejor, Tasa de Seguridad, Invest-H e Instituto de la Propiedad. Estos fideicomisos movilizaron decenas de miles de millones de lempiras, operando a menudo fuera de la ley de contratación del Estado, lo que llevó a su revisión y liquidación ordenada a mediados de 2022.
Aspectos clave de los fideicomisos (2014-2022):
Alto volumen de recursos: Solo en el fideicomiso de “Vida Mejor” se ejecutaron más de L38 mil millones entre 2014 y 2022, transfiriendo fondos a más de 500 ONG. Otros informes indican que cuatro de estos fideicomisos principales manejaron L95,000 millones entre 2011 y 2023.
Irregularidades: Se denunció que los fideicomisos operaron sin transparencia, violando la caja única del tesoro y eludiendo las normas de contratación estatal, lo que derivó en presunta malversación.
Principales fideicomisos:
Vida Mejor: Enfocado en programas sociales y de desarrollo.
Tasa de Seguridad Poblacional: Destinado a la seguridad y defensa.
Invest-H: Administración de proyectos de infraestructura.
Instituto de la Propiedad (IP): Gestión registral y de propiedad.
Otras áreas: Apoyo a la vivienda, sector informal (ALBA), migración, y desarrollo rural.
Liquidación y Reordenamiento (2022): A partir de mayo de 2022, el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas (SEFIN) iniciaron la derogación y liquidación de fideicomisos públicos, ordenando la transferencia de recursos a la Cuenta Única del Tesoro.
Objetivo de la Reforma: Regularizar los fondos y eliminar la opacidad, obligando a que la ejecución presupuestaria se realice bajo normativas de contratación estándar, liquidando los contratos a 2023.
La gestión de estos instrumentos en dicho periodo ha sido señalada como uno de los mayores focos de corrupción público-privada, lo que motivó la intervención del Ministerio Público tras las denuncias por transferencias sospechosas a ONGs.



